1979-2012
Royal Mail, el servicio de Correos, ha salido a subasta, y no necesariamente al mejor postor (mientras, los precios de los sellos siguen subiendo). El cuerpo de bomberos londinense ha externalizado las llamadas de emergencia al 999 a una empresa llamada Capita a instancias del untuoso presidente de la autoridad de bomberos de la capital, Brian Coleman. Y las multinacionales merodean con ganas alrededor de los hospitales del NHS [National Health Service, el Servicio Nacional de Salud, la sanidad pública británica]. Los colegios están empezando a buscar rentabilidad. En la nomenclatura tecnocrática del FMI, a esto se le llamaría "programa de ajuste estructural", pero con ello no se capta realmente la escala radical de la transformación. Podemos verlo a través de una historia abreviada de la privatización en el Reino Unido.
1979-81: Experimentación
Los tories llevaban mucho tiempo comprometidos con cierta política de desnacionalización. Como respuesta a la prolongada crisis de la década de 1970, en la que los conservadores se habían debatido para mantener su dominio parlamentario, el Informe Ridley, elaborado por el gabinete en la sombra de Thatcher, recomendó una política de despedazamiento del sector público y desmembramiento de los sindicatos. La privatización estaba en principio subordinada a otros temas políticos, sobre todo a la supresión salarial para controlar la inflación. Pero la primera administración Thatcher introdujo con éxito cierto grado de privatización en algunas grandes compañías del sector público, especialmente British Aerospace y Cable & Wireless. En esta etapa, no obstante, el enfoque consistía en centrarse en privatizar entidades todavía rentables a fin de conseguir ingresos y reducir así los préstamos que necesitaba el sector público.
1982-86: Despegue
En medio de la recesión de los primeros 80, los conservadores habían comenzado a proponer la privatización como panacea potencial. El diputado conservador Geoffrey Howe alababa la "disciplina" del mercado. La doctrina emergente consistía en que la privatización haría más eficiente y productivas las grandes empresas de servicios públicos y, por tanto, haría más competitivo al capitalismo británico en relación a sus rivales continentales. En este periodo, el gobierno vendió Jaguar, British Telecom, lo que restaba de Cable & Wireless y British Aerospace, Britoil y British Gas. El centro se había desplazado hacia la privatización de empresas clave de servicios públicos.
Esta política no surgió de la nada: estaba plenamente integrada en las ideas de Hayek que habían guiado a Thatcher y su cohorte en la oposición. Pero se desarrolló en relación a objetivos políticos concretos. No era cuestión únicamente de estimular la inversión en el sector privado sino también de librar una guerra cultural destinada a rediseñar al electorado siguiendo las líneas del "capitalismo popular" pregonado por Thatcher, y anunciado en la tristemente célebre campaña publicitaria de "Tell Sid" ["Cuéntaselo a Sid"].[1]
1987-91: Saltos y brincos
Tras la tercera victoria electoral de los conservadores, estos disfrutaban de confianza suficiente para lanzarse a su programa más agresivo de privatización. British Steel, British Petroleum, Rolls Royce, British Airways, el agua y la electricidad se encontraban entre los servicios públicos a la venta. Estas privatizaciones provocaron una fuerte oposición, acaso suficiente para sofrenar cualquier tendencia encaminada a la privatización respecto al NHS. No obstante, continuaron imponiéndose medidas de orientación mercantil en el sector público, del "mercado interno" en el servicio sanitario a la malhadada "carta ciudadana" de John Major. [Citizen´s Charter, iniciativa del primer ministro en 1991 destinada a mejorar los servicios públicos].
1992-96: Flaqueza y retirada
La cuarta administración consecutiva de los conservadores era débil y se dividió rápidamente respecto a una serie de medidas políticas, sobre todo en torno a la unión monetaria europea. Pero las premisas neoliberales de la política anclada por Thatcher seguían intactas, y el gobierno siguió impulsando privatizaciones en aquellos campos en los que sentía capaz de llevarlas a cabo. Al infligir una segunda derrota a los mineros, el gobierno procedió a la venta final de British Coal, [carbón] así como de las empresas generadoras de electricidad Powergen y National Power, y de British Rail [los ferrocarriles británicos]. Se abandonó, sin embargo, el intento de Michael Heseltine de privatizar Correos, debido a la oposición pública y a la resistencia de los diputados, temerosos de ser aniquilados electoralmente.
1997-2001: Compromiso del Nuevo Laborismo
El Nuevo Laborismo había logrado sacar capital electoral de la impopularidad de lostories a causa de las privatizaciones, pero solo se comprometió a parar la venta del control del tráfico aéreo. Y traicionó incluso esta promesa de menor entidad. Pues, si bien el thatcherismo no había logrado imponer su argumentación sobre los servicios públicos, había demolido de forma tan totalizadora la izquierda militante y los sindicatos que no había nada que pudiera impedir al laborismo adaptarse al neoliberalismo. La política de privatizaciones de envergadura introducida en este periodo fue por tanto un torpe compromiso entre una dirección gerencial y la base electoral laborista, conociéndose como IPF (Iniciativa Financiera Privada - Private Finance Initiative), un apaño del que fue pionero en origen Norman Lamont [ministro de Economía de los conservadores entre 1990 y 1993]. Introducidas en el Metro de Londres, el NHS y las escuelas, estas medidas políticas recaudaron dinero a corto plazo sin necesidad de subir los impuestos. Pero hubo también con ello una racha de evangelización en favor del mercado. Tanto Peter Mandelson como su sucesor en el Departamento de Comercio e Industria creían papel del gobierno el promover la cultura empresarial.
2002-8: IFP agresiva
La segunda y tercera administraciones del Nuevo Laborismo presionaron de forma agresiva en favor de una mayor privatización y reducción del tamaño del Estado. Blair había asentado su campaña de reelección de 2001 en la IFP, extremadamente impopular. El cálculo se basaba en que aunque la medida no fuera popular, su victoria demostraría que no había una alternativa realista. Aunque hubo pocas ventas de fuste, las medidas políticas del gobierno respecto a Royal Mail y el NHS llevaban, como conclusión lógica, a la privatización de estos servicios. Hasta que no llegó el derrumbe crediticio y la consiguiente crisis no empezó a moverse el péndulo, solo fuera temporalmente, en dirección contraria, cuando Brown se vio obligado a nacionalizar tardíamente una ristra de bancos desfallecientes. Pero incluso entonces quedó claro que la intención consistía en devolver esas empresas a la propiedad privada lo antes posible.
2009-: ¿Thatcherismo, segunda parte?
Los conservadores llegaron al poder sin mandato, pero no sin que les faltara confianza. Su agenda, que había ido saliendo a la luz desde 2008, consistía en representar la crisis del sector público como una crisis del gasto del sector público. Tras haber privatizado ya el servicio de apuestas deportivas y anunciar la venta de Northern Rock, [banco privado "nacionalizado" por los neo-laboristas en 2007 para evitar su completa desaparición al inicio de la crisis] que iría seguida de la de otros bancos nacionalizados, han indicado que venderán Royal Mail, junto a los servicios de libertad condicional, carreteras, grandes sectores de la educación y el NHS. Se privatizarán incluso partes de la policía, tradicional aliada de la derecha. La externalización se extenderá a todos los campos posibles.
Pero, al igual que en la década de 1980, el objetivo no consiste primordialmente en reducir los préstamos del sector público. Los tories saben que la crisis económica en curso no es solo un problema fiscal o financiero. El sector privado se encuentra absolutamente estancado. Globalmente, hay billones de libras en manos de corporaciones que no ven conductos viables para una inversión rentable. Las empresas norteamericanas cuentan con 1'7 billones de dólares, las de la eurozona, con 2 billones de euros, y las empresas británicas disponen de 750.000 millones de libras inmovilizadas. La acumulación-mediante-desposesión es una forma de poner ese dinero en circulación como capital. Y si bien los conservadores no tienen ideológicamente tanta confianza como en los años 80, la escala de las privatizaciones que proponen sugiere que esperan rebasar cualquier oposición.
En un contexto histórico, la privatización parece responder a una serie de dilemas en el caso de los tories. Al difundir los incentivos de mercado, erosiona la base del sector público para la política laborista. Al abrir el sector público a los beneficios, pone una gran cantidad de capital en circulación. Y al reducir el poder de los trabajadores del sector público, suprime las presiones salariales, haciendo así en teoría la inversión más atractiva. Sobre todo, acaso, al desplazar los principios democráticos de asignación a aquellos que se basan en el mercado, favorece a los que son más fuertes en su control del mercado, y a quienes representan también la base social del conservadurismo.
Nota del t.: [1] Una campaña publicitaria de 1986 animaba a la gente a comprar acciones de British Gas, privatizada hace 25 años. 'Si ves a Sid, díselo' era su lema, atendido por cerca de millón y medio de personas, que compraron acciones a un precio de 135 libras cada una, en una oferta de 9.000 millones de libras, la mayor registrada hasta entonces.
Richard Seymour es autor de The Liberal Defence of Murder (Verso, Londres, 2008) y The Meaning of David Cameron (Verso, Londres, 2010), y regenta una bitácora con el título de Lenin´s Tomb(leninology.blogspot.com).
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