Lamela o el desmantelamiento de lo público para hacer negocio

El hoy exconsejero madrileño de Sanidad tejió una compleja red de sociedades relacionadas con la sanidad y es adjudicatario de lo que privatizaba. Los responsables de la Administración se convierten en empresas de demolición que obtienen astronómicos beneficios con la expoliación del bien común

POR El Gran Wyoming Actualizada 12/04/2013

Manuel Lamela, el 2 de junio de 2006, cuando era consejero madrileño de Sanidad, durante una rueda de prensa. EFE

“Yo hablo de sanidad sin apellidos”, contestó don Manuel Lamela a unos periodistas que le preguntaban por la idoneidad de que un consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, como era su caso, dejara la política para entrar a formar parte de empresas cuyos ingresos tuvieran una relación directa con su gestión de gobierno.

“Sin apellidos”, eso era antes. Ahora, gracias entre otros a él, podemos empezar a hablar de “sanidad con nombres y apellidos”. Recuerdo un chiste que circulaba en el año 1975, cuando Franco agonizaba, y en el Sáhara, entonces provincia española, el Frente Polisario se enfrentaba a las fuerzas coloniales. Doña Carmen Polo de Franco, mujer del dictador, le visitaba en el hospital y él le relataba sus preocupaciones sobre cómo se desarrollaban los acontecimientos previendo que la colonia iba a caer en manos de Marruecos, su atávico enemigo. Ella le respondía airada: “Te lo dije, haberlo puesto a mi nombre”.

Esta broma que sugería una exagerada y despótica manera de entender la relación de los dictadores con los medios que administran, se ha convertido en una esperpéntica realidad que amenaza con no detenerse hasta dejar absolutamente vacía la vitrina de las joyas de la corona. A esa forma de “poner a su nombre” el patrimonio de los españoles, los neoliberales, con la complacencia de los medios de comunicación, la llaman “privatización”.

Cuando uno observa que los presidentes de las principales empresas públicas de este país, como Telefónica, Repsol, Argentaria… se quedaron en el cargo una vez privatizadas y, para mayor escarnio del sistema democrático, resultaban ser amigos personales, en algún caso de la infancia, del presidente del Gobierno José María Aznar –véase Juan Villalonga, Alfonso Cortina, Francisco González o consejeros y asesores como Eduardo Zaplana, Ángel Acebes....–, entiende que se trata de una verdadera incautación, que nada tiene que ver con la transparencia y honradez que deberían presidir procesos de esta envergadura que, en ningún caso, han aportado el menor beneficio, sino todo lo contrario, al interés general. Los principales beneficiarios de estas operaciones han sido los cargos nombrados a dedo cuando eran empresas públicas que han acumulado, al hacerse copropietarios con la privapropiación, descomunales fortunas.

DE LA AUSTERIDAD AL SAQUEO

Ahora asistimos con perplejidad al descaro con el que se derivan grandes partidas presupuestarias desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid hacia empresas privadas en cuya cúpula directiva aparecen los exconsejeros que adjudicaron esos recursos. A simple vista parece un simple fraude para apropiarse de dinero público, cuando se dan las explicaciones pertinentes se confirma.

Son los casos del señor Juan José Güemes y del señor Manuel Lamela. Protegidos y encumbrados por Esperanza Aguirre que ahora, con su característica humildad se ofrece, desinteresadamente, para “regenerar la democracia”. Aznar también urge en la necesidad de hacerlo: los que inventan las trampas se ofrecen para cambiar las reglas del juego.

Ante tamaño atropello al sentido común y la honradez elemental, en estos tiempos de crisis en los que a muchos ciudadanos se les priva de lo esencial, aquellos que predican e imponen la austeridad, se dedican al saqueo. ¿Cómo reaccionan sus compañeros de partido? Salen en tromba, en su defensa apelando a la legalidad de esas operaciones.


Aguirre, Aznar y Botella en un mitin del PP de Madrid en Las Rozas.- PP

La legalidad se convierte en el manto que legitima toda clase de maniobras empresariales llevadas a cabo desde la gestión pública y que tienen como fin el lucro personal. Hay un debate al margen de los resquicios que permiten las leyes y que se refiere a la moralidad, la razón y la justificación de esas acciones.

Los ciudadanos no pagan impuestos de forma voluntaria. Tampoco la cantidad a tributar la deciden ellos. Es la distribución, el empleo de esos fondos públicos, es decir (usemos de nuevo esa palabra que tanto a gusta a los neoliberales) “la gestión” de nuestro dinero lo que nos escandaliza. Son muchos los millones de euros provenientes del trabajo de los ciudadanos que, en lugar de invertirse en servicios necesarios, terminan en los bolsillos de los administradores, al parecer, de forma legal. En otros casos de forma ilegal, pero con prescripciones por medio, que devuelven al presunto su honorabilidad, y su condición de ciudadano respetable y libre para disfrutar lo sustraído, compensando así los malos ratos que la Justicia haya podido hacerles pasar con sus penosos tramites burocráticos.

El efecto de lluvia fina

¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar este estado de cosas? Viendo el énfasis con el que defienden altos cargos de la Administración estas aberrantes conductas, podemos deducir que quieren establecerlas como modelo. La primera vez que se descubre un caso de adjudicación de fondos públicos por parte de un consejero a la que más tarde será su empresa, se produce un escándalo, pero el goteo y la insistencia en la idoneidad de permitir a estas personas buscarse un puesto respetable en la empresa privada, una vez que abandonan el cargo público, produce el efecto de lluvia fina, y con ella este tipo de rapiña deja de ser noticia.

El listón de las tropelías va subiendo, cada vez pasa más basura por debajo, y con este sistema de expolio de nuestro patrimonio, la calidad de vida de los ciudadanos desciende, se les priva de la menor posibilidad de plantearse un proyecto de vida y desaparece la fe en el sistema, que en un proceso de retroalimentación favorece su desmantelamiento por la desafección de los beneficiarios hacia el Estado del bienestar. Los responsables de la Administración se convierten en auténticas empresas de demolición que obtienen astronómicos beneficios con la expoliación del bien común. Por eso, como decíamos, no se debe centrar el debate en la legalidad de estas perversas maniobras de enriquecimiento personal, sino en cuál es la misión para la que estos señores han sido elegidos y para qué le pagamos dinero nosotros, los ciudadanos, que somos los que les contratamos.

La malicia de estas acciones queda aún más en evidencia si, como a ellos les gusta, llevamos su “gestión” al terreno de la empresa privada que dicen entender muy bien. En unos casos, no hacen más que derivar clientes a la competencia para luego pasarse a ella en claro delito empresarial, pero en otros es aún más descarado, meten mano en la caja y reclaman la acción de la Justicia como único foro donde dar explicaciones. ¿Único? Cuando a alguien le sorprenden robando en su puesto de trabajo, primero tiene que aclarar lo sucedido a sus superiores y son estos los que le denuncian en la comisaría de turno si lo estiman oportuno.

En el caso de estos señores, se ahorran las explicaciones a los ciudadanos, en un desprecio absoluto hacia las reglas del sistema, olvidando que trabajan para ellos y no para los jefes que les nombran. Cuando se les llena la boca afirmando: “A nosotros nadie nos da clase de democracia”, suena redundante, es obvio que ni las reciben, ni las recibieron cuando salieron de aquel sitio para viajar al centro. Ese es uno de los principales problemas del partido que nos gobierna y que como una legión de termitas, incansables, pertinaces, está desmontando el Estado del bienestar.

EL 'CASO LAMELA'

Pero ¿quiénes son estos señores?

Analicemos el caso del señor Lamela. Veamos cómo se ha enriquecido desde que llegó a la política.

Al señor Lamela no le gusta la “sanidad con apellidos”. Tal vez sea consecuencia del mal resultado que le dio, desde el punto de vista mediático, no económico, la primera sociedad que fundó: Lamela Campos SL. Cuando fue ascendiendo en su carrera política, algunos miraban con malos ojos esa cohabitación de lo público con lo privado y decidió dejar el cargo de administrador único de la empresa, para cedérselo a su madre, que junto a su padre componían la totalidad del accionariado.

A pesar de no requerirle demasiado tiempo, ya que su dedicación a la política en aquellos años noventa parecía exhaustiva, le fue muy bien. El objeto de la sociedad era amplio, entre otras cosas, la actividad inmobiliaria y el asesoramiento en la fundación de empresas y, a pesar de que, como decíamos, su dedicación no era exclusiva, consiguió elevar el capital social de la sociedad de 500.000 pesetas con el que se fundó en 1992 hasta 1.013 millones en sólo diez años, es decir multiplicó el capital social por 2.000. Cuando se cuestionó la legitimidad de este tipo de enriquecimiento, enseguida se alegó que no tenía la mayoría del accionariado. Es cierto, no podemos olvidar que también había dos socios, dos personas mayores, sus padres que, a lo mejor, eran unos linces de las finanzas. En resumidas cuentas, estamos ante un ejemplo de cómo compatibilizar la gestión pública con los negocios privados puede rendir pingües beneficios. Claro que es difícil saber qué precio hacen las empresas a un consejero de una comunidad autónoma cuando este, a título personal, contrata sus servicios. Pero dejémonos de conjeturas y vayamos a los hechos.

Agricultura, Hacienda, Sanidad

Aclarado que es un gran empresario a tiempo parcial, siempre dentro de la legalidad vigente, desembarca en el Ministerio de Hacienda de la mano de Rodrigo Rato. En esa época, gracias a su dureza e intransigencia se creó fama de gran “solucionador de crisis”, aunque algunas las fabricara él mismo, como veremos más adelante. De esta etapa es la polémica que se desató durante el primer Gobierno de Aznar, cuando se acusó al saliente Felipe González de haber creado una amnistía fiscal para favorecer a sus amigos –¿les suena?– por un valor de 1.200 millones de euros. El presidente Aznar fue el principal valedor de esta acusación con la que fustigó a una perpleja oposición. Finalmente, se demostró que no existía tal amnistía, todo quedó archivado, nadie se disculpó, y de la crisis salió un vencedor, el que parecía ser urdidor de la trama, que rindió un gran beneficio político por aquello de “difama que algo queda”, cuando se implantó ese sucio estilo del “todo vale” que tanto gustaba al héroe de las Azores. Ese hombre en la sombra que empezaba a sonar en los pasillo se llamaba Manuel Lamela.

Esta manera tan efectiva de hacer política le llevó terminar como jefe de Gabinete de Rodrigo Rato, entonces vicepresidente y ministro de Economía, y con el que volvería a coincidir años más tarde en Bankia, mire usted por dónde.

Antes de Hacienda, pasó por el Ministerio de Agricultura donde, de nuevo, se vio envuelto en varias crisis, la de las vacas locas, la del lino, la de un producto cancerígeno en un aceite de orujo que provocó el descrédito de nuestra exportación y la indignación de los agricultores… Allí donde hubiera un delito de corrupción económica o de salud pública, había un hombre capaz de resolverlo como fuera: nuestro hombre. Se autoadjudicó, con razón, esa medalla al mérito de resolver lo irresoluble gracias a, como decimos, su dureza e intransigencia, pero también y, sobre todo, a su falta de escrúpulos y su disposición a la fabricación de insidias para obtener rendimiento político o económico… La historia le daría la oportunidad de demostrar hasta qué punto era capaz de mentir sin parpadear, y de decir una cosa y su contraria sin el menor rubor. Arte que, por desgracia, se ha instalado, extendido, convertido en rutina y trepado hasta las más altas instancias de gobierno.

En el año 2003, de la mano de Esperanza Aguirre, entra en la Comunidad de Madrid como consejero de Sanidad, donde enseguida descubrirá eso que ellos mismos bautizaron en la convocatoria para capacitar a los empresarios de cara a la gestión de la sanidad pública como: “Una gran oportunidad de negocio”. Entonces, como ahora, los responsables de la Comunidad de Madrid negaban la más mínima intención de privatizar la sanidad pública, mientras se sacaba a subasta en el mercado. De nuevo nuestro hombre se encargó de resolver el problema de impopularidad que tal política suponía y para ello se valió de la estrategia más miserable de la historia de nuestra democracia: dio crédito a una denuncia anónima que acusaba a un equipo de médicos del hospital Severo Ochoa de haber asesinado a 400 personas.

Ataque al buque insignia de la sanidad pública

El hecho de que la acusación viniera de la propia Consejería aportaba credibilidad a la denuncia ya que sería el propio consejero denunciante el responsable en última estancia de estos hechos y, si esta fuera una democracia como las del resto de Europa, al darlos por ciertos, debería haber presentado su dimisión. Todo resultaba muy extraño, y especialmente traumático para los médicos denunciados que sufrieron un linchamiento social, mediático e institucional, durante casi tres años.

El hospital Severo Ochoa de Leganés era uno de los buques insignia de la sanidad pública española. A pesar de cubrir dos áreas, es decir, tener asignados muchos más pacientes de lo normal, había sido celebrado como uno de los de mayor calidad de asistencia de toda España. No fue casualidad que el torpedo en la línea de flotación se lanzara, precisamente, contra este hospital. Entonces no se entendía bien por qué se realizaba una acusación tan grave desde la propia Consejería.

En primer lugar hay que tener en cuenta que la figura de una denuncia anónima no tiene el menor valor jurídico en un Estado de derecho. Esa misma denuncia, que al leerla causa rubor, ya había circulado con anterioridad por la consejería, y siendo consejero el señor José Ignacio Echániz (también del PP), quiso zanjar este asunto enviando un equipo médico al hospital para que investigara qué ocurría allí. Tras dos meses de averiguaciones concluyeron que no sólo no existían irregularidades en el trabajo de sedación de los enfermos terminales, sino que felicitaron al equipo por su buena labor terapéutica. Por eso es más sorprendente aún que Manuel Lamela decidiera tomar de nuevo la denuncia y utilizarla, ahora en los juzgados, para atacar a este grupo de médicos.

La funesta comparación con los nazis

A la vez que se detenía al doctor Luis Montes y salía en las portadas de todos los diarios acusado de asesinar a cuatrocientas personas como si fuera un psicópata peligroso, se firmaba en la sombra, sin el menor debate político o exposición de su contenido, los principios que regirían la privatización de la sanidad madrileña que estamos pagando ahora. La subrepticia introducción de la privatización de la sanidad en nuestras vidas, a espaldas de los ciudadanos, quedó totalmente eclipsada por estos supuestos homicidios y su polémico desarrollo político, mediático y judicial.

La cuestión se complicó sobremanera, porque por el normal funcionamiento de un hospital, donde los equipos rotan, tienen turnos de asistencia, y los enfermos pasan por distintas plantas, no podría llevarse a cabo tamaña historia criminal mantenida en el tiempo sin la colaboración necesaria de decenas de profesionales, médicos, ATS, celadores… Para completar el absurdo, era un delito sin víctimas porque las familias de los supuestos asesinados no presentaron denuncia alguna, a pesar de recibir llamadas anónimas que les animaban a presentarse como acusación con lo que, decían, obtendrían cuantiosas indemnizaciones.

Estas personas nunca se identificaban, pero tenían todo tipo de datos de los familiares de los supuestos asesinados, no es difícil concluir de dónde salía la información. Lejos de eso, y a pesar de no tratarse, en general, de familias que vivieran una situación económica boyante, se negaron a denunciar a los médicos y manifestaron el buen trato que dispensaron en todo momento a sus familiares fallecidos. Las autoridades de la Comunidad de Madrid, tuvieron la desvergüenza de justificar esta ausencia de denuncias con el argumento de que se trataba, en muchos casos, de familias de bajo nivel cultural a las que resultaba sencillo manipular, que querían deshacerse de sus familiares mayores porque les suponían un estorbo en casa. Con tan falaz justificación ahora el asesino pasaba a ser el pueblo de Leganés. Las manifestaciones de apoyo al hospital y sus médicos se sucedían por las calles de la ciudad y el resto de la Comunidad de Madrid, mientras desde las radios y periódicos de la derecha se compara a estos médicos con los que dirigían los campos de exterminio nazi.

Sabía que eran inocentes

El señor Lamela se mantuvo firme en sus acusaciones y sostuvo la irregularidad de las sedaciones, aunque a veces afirmaba no tener nada que ver con la causa y que todo aquel embrollo era una cuestión judicial al margen de su competencia.

Como en anteriores ocasiones, la causa se archivó, pero el daño que causó a las personas afectadas fue tremendo. Yo realicé un documental sobre este tema para la televisión y después de analizar mucha información llegué a la conclusión de que en ningún momento el señor Lamela creyó que estos médicos habían matado a un solo paciente. Entre otras cosas porque no se les apartó de su servicio. Siguieron trabajando en el hospital, entrando y saliendo de los quirófanos. Implicaría una enorme irresponsabilidad dejar que personas que han asesinado a cuatrocientos pacientes sigan ejerciendo el oficio que les permite llevar a cabo sus planes criminales. Él sabía desde el primer momento que eran inocentes, de ahí la amoralidad y inmensa la crueldad de estos líderes políticos, dispuestos a lo que sea con tal de conseguir sus fines, en este caso, como he visto después, económicos.



Como él mismo afirmó después de la sentencia absolutoria de los médicos: “Sólo se dimite cuando alguien se equivoca”. En efecto, no se equivocó, la estrategia funcionó perfectamente, su mentora Esperanza Aguirre le felicitó y le manifestó su incondicional apoyo en todo momento, colaborando en la campaña difamatoria siempre que fue preguntada por el caso, mientras duró el proceso. Para ellos, el quebranto causado a estos profesionales desde la Consejería para la que trabajaban como médicos, era intrascendente, carecía de importancia, y a pesar de que la sentencia ordenaba “limpiar cualquier sombra de duda sobre mala praxis en el Hospital Severo Ochoa”, siguieron afirmando sin el menor problema de conciencia que, simplemente, “esa mala praxis” que denunciaban no se había podido demostrar.

El señor Lamela, al conocer la sentencia, aprovechó para marcharse de vacaciones a esquiar. No sentía que tuviera que dar explicación alguna a los ciudadanos por este embrollo que tuvo en vilo a la sanidad y a la sociedad entera durante tres años. Esta costumbre de eludir las obligadas explicaciones que merecen los ciudadanos también se ha instaurado entre la clase gobernante.

23 cargos en empresas ligadas a la sanidad

¿Acabó este escándalo con su carrera política? No, como dice la canción: “Nada de esto fue un error”. Lo réditos que rindió la estrategia son difíciles de calcular. A él le llevaron a ser consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, y más tarde, como ya hemos dicho, a consejero de Administración de Caja Madrid Cibeles (Bankia) con Rodrigo Rato y miembro, agárrense los machos, de su Comité Auditor.

Mientras, puso en marcha un complejo entramado de sociedades relacionadas con la sanidad, llegando a ejercer desde 2009 hasta hoy más de 23 cargos en distintas empresas del ramo.

Ya lo ven, la capacidad de transformación profesional en función de la Consejería que se preside es asombrosa. Ahora descubren, algunos con sorpresa, que es adjudicatario de aquello que privatizaba.

Como el actual consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, defiende la gestión de Lamela, al tiempo que afirma que no tiene por qué conocer ni investigar el accionariado de las empresas a las que cede la gestión de lo público, o sea, no sabe ni le interesa a quién traspasa tan espectaculares recursos económicos, da a entender que podría seguir los mismos pasos de esa carrera ejemplar.

EL MAYOR DE LOS NEGOCIOS

Algunos ciudadanos, entre los que me incluyo, no la vemos ejemplar y menos aún teniendo en cuenta que todos los informes técnicos de los profesionales de la medicina, tanto españoles como internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertan contra esta política de privatización concluyendo que no sólo es más cara sino que, además, baja sensiblemente la calidad de asistencia. Llama especialmente la atención la situación de la sanidad británica, donde se inició este tipo de política que ha costado, según datos por los que se ha disculpado el propio primer ministro, al menos 2.500 muertes que podían haberse evitado. Claro que estamos en manos de personas que no parecen dispuestas a dejar pasar lo que ellas mismas bautizaron como “una gran oportunidad de negocio”.

Se equivocan, la salud, vista en términos mercantiles no es una oportunidad de negocio, es el mayor de todos lo negocios imaginables.

Es muy grave que ante la situación de emergencia que ha provocado esta crisis económica, algunos responsables de administrarla, en lugar de intentar paliar el daño que va a producir en la ciudadanía se entreguen al saqueo de nuestro patrimonio con el aplauso encendido y solidario de sus compañeros.

No nos salva ni Perry Mason

ASÍ NOS VEN EN ALEMANIA

La verdad sin disimulos.

Traducción de un artículo publicado el jueves 6 en varios periódicos económicos alemanes, por Stefanie Claudia Müller, su corresponsal en España:

Hoy, 6 de septiembre, se encuentran en Madrid los gobiernos de Alemania y España, acompañados de un nutrido grupo de empresarios, y donde seguro hablarán sobre las condiciones para poder otorgar más ayudas financieras a España o a su sistema bancario. En los dos lados se ha elevado el tono en los últimos meses y es con gran expectación que España espera ahora la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional alemán, que esa sí es crucial, el día 12, sobre la conformidad o no del rescate europeo y las obligaciones derivadas para los alemanes.

En Alemania crece la crítica contra la supuesta "mentalidad de fiesta" de los españoles; en España los medios cada vez son más negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel. Pensamos que la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos gobiernos y la mayoría de los medios. España no es Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas.

España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que se aumente la participación ciudadana real en las decisiones políticas . Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la administración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y completamente fuera de control, sometiendo a referéndum el modelo de Estado.

Este tema es la clave del futuro de España, porque las regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios del gasto público -234.000 millones frente a 118.000 el Estado en 2011-, excluyendo la Seguridad Social -23.000 millones-, y este gasto se realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción totalmente inaceptables. Las razones verdaderas de la crisis del país, en consonancia con lo dicho, nada tienen que ver con salarios demasiado altos -un 60 % de la población ocupada gana menos de 1.000 euros/mes, ni pensiones demasiado altas -la pensión media es de 785 euros, el 63% de la media de la UE-15- ni pocas horas de trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania. A España tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial ni creatividad. Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores de primer nivel.

La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica, y con el poder judicial y los organismos de control a su servicio. En España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados represen tan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista. Todo esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del PIB y que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país. Además, detrae recursos con los que podrían financiarse educación y sanidad.

Las ayudas para España, igual que para otros posible candidatos de rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y fuertemente politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000, y el Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en vez de cerrarla, y además de forma tan extraña que despierta todo tipo de recelos.¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles (FROB) en vez de esperar los fondos de la UE? Es lícito suponer que la razón es la siguiente: los bancos no quieren que la UE investigue sus cuentas.

Control estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un control estricto y condiciones duras. Esas condiciones no pueden solamente representar recortes sociales o subidas brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la excusa de Europa . Se tiene que cambiar más en España que cortar gasto social, que de todos modos es mucho más bajo que en Alemania, y hay otros gastos infinitamente más relevantes que se pueden eliminar. Además, los casos de corrupción resultan tan escandalosos, incluso en el propio Gobierno, que uno solamente puede llegar a una conclusión: el dinero de Europa no puede ser manejado por personas tan increíblemente corrompidas.

La pasada semana el ministro de Industria Soria -imputado también por corrupción urbanística en Canarias- acusó al ministro de Hacienda en el Consejo de Ministros de favorecer descaradamente a la empresa líder de renovables, Abengoa, de la que había sido asesor, en la nueva regulación de estas energías, que reciben más de 7.000 millones de euros de subvenciones anualmente. Y Rajoy, al que entregó una carta probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.

No puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia .

Y con esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay dinero. Los últimos datos de las cuentas públicas conocidos la pasada semana son escalofriantes. El déficit del Estado a julio ascendió al 4,62% del PIB, frente a un déficit del 3,5% comprometido con la UE para todo el año (del 6,3% incluyendo regiones y ayuntamientos). Pero lo realmente inaudito es que España está gastando el doble de lo que ingresa. 101.000 millones de gasto a julio fren te a 52.000 millones de ingresos, y precisamente para poder financiar el despilfarro de regiones y ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos con la consolidación fiscal.

El tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción, y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos últimos gobiernos de España.

En noviembre de 2011, el anterior Gobierno dijo que el déficit público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el nuevo Gobierno dijo que le habían engañado y que el déficit era superior al 8%, y que se tomaba tres meses para calcularlo con toda precisión. A finales de marzo, se dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra que se envió a Bruselas. Dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del 8,7%.

Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días después, Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones más; o sea, que estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011. Lo único que sabemos es que están todas infravaloradas. El déficit real de 2011 puede estar por encima del 11% , por lo cual en 2012 se está gastando el doble de lo que se ingresa. Como dice el Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”. Y es verdad… de convergencia hacia Grecia.

Claramente, la joven democracia española tiene todavía muchos déficits de representatividad y de democracia que deberían interesar a la canciller Merkel y también a Europa, si queremos evitar una Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto es lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas europeas, con una asignación disparatada de las mismas, a pesar de que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del Plan Marshall para toda Europa.

Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista y corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora muchos jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de las más injustas de la OECD.La antaño fuerte clase media española está siendo literalmente aniquilada.

Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que España sufra la peor crisis económica de su Historia. Es un sistema corrupto e ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones para un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos problemas. En caso contrario, solo conseguirán que una casta política incompetente y corrupta arruine a la nación para varias generaciones.

*Stefanie Claudia Müller es corresponsal alemana en Madrid y economista.

DIFUNDE!!!!!!!


http://www.albaiges.com/tomadointernet/asinosvenalemania.htm

El día que acabó la crisis

Cuando termine la recesión habremos perdido 30 años en derechos y salarios...

Un buen día del año 2014 nos despertaremos y nos anunciarán que la crisis ha terminado. Correrán ríos de tinta escritos con nuestros dolores, celebrarán el fin de la pesadilla, nos harán creer que ha pasado el peligro aunque nos advertirán de que todavía hay síntomas de debilidad y que hay que ser muy prudentes para evitar recaídas. Conseguirán que respiremos aliviados, que celebremos el acontecimiento, que depongamos la actitud crítica contra los poderes y nos prometerán que, poco a poco, volverá la tranquilidad a nuestras vidas.

Un buen día del año 2014, la crisis habrá terminado oficialmente y se nos quedará cara de bobos agradecidos, nos reprocharán nuestra desconfianza, darán por buenas las políticas de ajuste y volverán a dar cuerda al carrusel de la economía. Por supuesto, la crisis ecológica, la crisis del reparto desigual, la crisis de la imposibilidad de crecimiento infinito permanecerá intacta pero esa amenaza nunca ha sido publicada ni difundida y los que de verdad dominan el mundo habrán puesto punto final a esta crisis estafa —mitad realidad, mitad ficción—, cuyo origen es difícil de descifrar pero cuyos objetivos han sido claros y contundentes: hacernos retroceder 30 años en derechos y en salarios.

Un buen día del año 2014, cuando los salarios se hayan abaratado hasta límites tercermundistas; cuando el trabajo sea tan barato que deje de ser el factor determinante del producto; cuando hayan arrodillado a todas las profesiones para que sus saberes quepan en una nómina escuálida; cuando hayan amaestrado a la juventud en el arte de trabajar casi gratis; cuando dispongan de una reserva de millones de personas paradas dispuestas a ser polivalentes, desplazables y amoldables con tal de huir del infierno de la desesperación, ENTONCES LA CRISIS HABRÁ TERMINADO.

Un buen día del año 2014, cuando los alumnos se hacinen en las aulas y se haya conseguido expulsar del sistema educativo a un 30% de los estudiantes sin dejar rastro visible de la hazaña; cuando la salud se compre y no se ofrezca; cuando nuestro estado de salud se parezca al de nuestra cuenta bancaria; cuando nos cobren por cada servicio, por cada derecho, por cada prestación; cuando las pensiones sean tardías y rácanas, cuando nos convenzan de que necesitamos seguros privados para garantizar nuestras vidas, ENTONCES SE HABRÁ ACABADO LA CRISIS.

Un buen día del año 2014, cuando hayan conseguido una nivelación a la baja de toda la estructura social y todos —excepto la cúpula puesta cuidadosamente a salvo en cada sector—, pisemos los charcos de la escasez o sintamos el aliento del miedo en nuestra espalda; cuando nos hayamos cansado de confrontarnos unos con otros y se hayan roto todos los puentes de la solidaridad, ENTONCES NOS ANUNCIARÁN QUE LA CRISIS HA TERMINADO.

Nunca en tan poco tiempo se habrá conseguido tanto. Tan solo cinco años le han bastado para reducir a cenizas derechos que tardaron siglos en conquistarse y extenderse. Una devastación tan brutal del paisaje social solo se había conseguido en Europa a través de la guerra. Aunque, bien pensado, también en este caso ha sido el enemigo el que ha dictado las normas, la duración de los combates, la estrategia a seguir y las condiciones del armisticio.

Por eso, no solo me preocupa cuándo saldremos de la crisis, sino cómo saldremos de ella. Su gran triunfo será no sólo hacernos más pobres y desiguales, sino también más cobardes y resignados ya que sin estos últimos ingredientes el terreno que tan fácilmente han ganado entraría nuevamente en disputa.

De momento han dado marcha atrás al reloj de la historia y le han ganado 30 años a sus intereses. Ahora quedan los últimos retoques al nuevo marco social: un poco más de privatizaciones por aquí, un poco menos de gasto público por allá y voilà: su obra estará concluida. Cuando el calendario marque cualquier día del año 2014, pero nuestras vidas hayan retrocedido hasta finales de los años setenta, decretarán el fin de la crisis y escucharemos por la radio las últimas condiciones de nuestra rendición.

Concha Caballero  (Baena, Córdoba, 1956)

Es licenciada en Filología Hispánica y profesora de Literatura en un instituto público.

Profesora de Lengua y Literatura. Hace ya unos años pasó, felizmente, del ejercicio de la política a ser analista y articulista de diversos medios de comunicación (El País, Por ahora, de la SER, Meridiano, de Canal Sur Televisión). Amante de la literatura. Firmemente humana con los temas sociales.

Lodos y barros hispánicos

Historia de las privatizaciones en el Reino Unido

 1979-2012

Royal Mail, el servicio de Correos, ha salido a subasta, y no necesariamente al mejor postor (mientras, los precios de los sellos siguen subiendo). El cuerpo de bomberos londinense ha externalizado las llamadas de emergencia al 999 a una empresa llamada Capita a instancias del untuoso presidente de la autoridad de bomberos de la capital, Brian Coleman. Y las multinacionales merodean con ganas alrededor de los hospitales del NHS [National Health Service, el Servicio Nacional de Salud, la sanidad pública británica]. Los colegios están empezando a buscar rentabilidad. En la nomenclatura tecnocrática del FMI, a esto se le llamaría "programa de ajuste estructural", pero con ello no se capta realmente la escala radical de la transformación. Podemos verlo a través de una historia abreviada de la privatización en el Reino Unido.

1979-81: Experimentación

Los tories llevaban mucho tiempo comprometidos con cierta política de desnacionalización. Como respuesta a la prolongada crisis de la década de 1970, en la que los conservadores se habían debatido para mantener su dominio parlamentario, el Informe Ridley, elaborado por el gabinete en la sombra de Thatcher, recomendó una política de despedazamiento del sector público y desmembramiento de los sindicatos. La privatización estaba en principio subordinada a otros temas políticos, sobre todo a la supresión salarial para controlar la inflación. Pero la primera administración Thatcher introdujo con éxito cierto grado de privatización en algunas grandes compañías del sector público, especialmente British Aerospace y Cable & Wireless. En esta etapa, no obstante, el enfoque consistía en centrarse en privatizar entidades todavía rentables a fin de conseguir ingresos y reducir así los préstamos que necesitaba el sector público.

1982-86: Despegue

En medio de la recesión de los primeros 80, los conservadores habían comenzado a proponer la privatización como panacea potencial. El diputado conservador Geoffrey Howe alababa la "disciplina" del mercado. La doctrina emergente consistía en que la privatización haría más eficiente y productivas las grandes empresas de servicios públicos y, por tanto, haría más competitivo al capitalismo británico en relación a sus rivales continentales. En este periodo, el gobierno vendió Jaguar, British Telecom, lo que restaba de Cable & Wireless y British Aerospace, Britoil y British Gas. El centro se había desplazado hacia la privatización de empresas clave de servicios públicos.

Esta política no surgió de la nada: estaba plenamente integrada en las ideas de Hayek que habían guiado a Thatcher y su cohorte en la oposición. Pero se desarrolló en relación a objetivos políticos concretos. No era cuestión únicamente de estimular la inversión en el sector privado sino también de librar una guerra cultural destinada a rediseñar al electorado siguiendo las líneas del "capitalismo popular" pregonado por Thatcher, y anunciado en la tristemente célebre campaña publicitaria de "Tell Sid" ["Cuéntaselo a Sid"].[1]

1987-91: Saltos y brincos

Tras la tercera victoria electoral de los conservadores, estos disfrutaban de confianza suficiente para lanzarse a su programa más agresivo de privatización. British Steel, British Petroleum, Rolls Royce, British Airways, el agua y la electricidad se encontraban entre los servicios públicos a la venta. Estas privatizaciones provocaron una fuerte oposición, acaso suficiente para sofrenar cualquier tendencia encaminada a la privatización respecto al NHS. No obstante, continuaron imponiéndose medidas de orientación mercantil en el sector público, del "mercado interno" en el servicio sanitario a la malhadada "carta ciudadana" de John Major. [Citizen´s Charter, iniciativa del primer ministro en 1991 destinada a mejorar los servicios públicos].  

1992-96: Flaqueza y retirada

La cuarta administración consecutiva de los conservadores era débil y se dividió rápidamente respecto a una serie de medidas políticas, sobre todo en torno a la unión monetaria europea. Pero las premisas neoliberales de la política anclada por Thatcher seguían intactas, y el gobierno siguió impulsando privatizaciones en aquellos campos en los que sentía capaz de llevarlas a cabo. Al infligir una segunda derrota a los mineros, el gobierno procedió a la venta final de British Coal, [carbón] así como de las empresas generadoras de electricidad Powergen y National Power, y de British Rail [los ferrocarriles británicos]. Se abandonó, sin embargo, el intento de Michael Heseltine de privatizar Correos, debido a la oposición pública y a la resistencia de los diputados, temerosos de ser aniquilados electoralmente.

1997-2001: Compromiso del Nuevo Laborismo

El Nuevo Laborismo había logrado sacar capital electoral de la impopularidad de lostories a causa de las privatizaciones, pero solo se comprometió a parar la venta del control del tráfico aéreo. Y traicionó incluso esta promesa de menor entidad. Pues, si bien el thatcherismo no había logrado imponer su argumentación sobre los servicios públicos, había demolido de forma tan totalizadora la izquierda militante y los sindicatos que no había nada que pudiera impedir al laborismo adaptarse al neoliberalismo. La política de privatizaciones de envergadura introducida en este periodo fue por tanto un torpe compromiso entre una dirección gerencial y la base electoral laborista, conociéndose como IPF (Iniciativa Financiera Privada - Private Finance Initiative), un apaño del que fue pionero en origen Norman Lamont [ministro de Economía de los conservadores entre 1990 y 1993]. Introducidas en el Metro de Londres, el NHS y las escuelas, estas medidas políticas recaudaron dinero a corto plazo sin necesidad de subir los impuestos. Pero hubo también con ello una racha de evangelización en favor del mercado. Tanto Peter Mandelson como su sucesor en el Departamento de Comercio e Industria creían papel del gobierno el promover la cultura empresarial.

2002-8: IFP agresiva

La segunda y tercera administraciones del Nuevo Laborismo presionaron de forma agresiva en favor de una mayor privatización y reducción del tamaño del Estado. Blair había asentado su campaña de reelección de 2001 en la IFP, extremadamente impopular. El cálculo se basaba en que aunque la medida no fuera popular, su victoria demostraría que no había una alternativa realista. Aunque hubo pocas ventas de fuste, las medidas políticas del gobierno respecto a Royal Mail y el NHS llevaban, como conclusión lógica, a la privatización de estos servicios. Hasta que no llegó el derrumbe crediticio y la consiguiente crisis no empezó a moverse el péndulo, solo fuera temporalmente, en dirección contraria, cuando Brown se vio obligado a nacionalizar tardíamente una ristra de bancos desfallecientes. Pero incluso entonces quedó claro que la intención consistía en devolver esas empresas a la propiedad privada lo antes posible.

2009-: ¿Thatcherismo, segunda parte?

Los conservadores llegaron al poder sin mandato, pero no sin que les faltara confianza. Su agenda, que había ido saliendo a la luz desde 2008, consistía en representar la crisis del sector público como una crisis del gasto del sector público. Tras haber privatizado ya el servicio de apuestas deportivas y anunciar la venta de Northern Rock, [banco privado "nacionalizado" por los neo-laboristas en 2007 para evitar su completa desaparición al inicio de la crisis] que iría seguida de la de otros bancos nacionalizados, han indicado que venderán Royal Mail, junto a los servicios de libertad condicional, carreteras, grandes sectores de la educación y el NHS. Se privatizarán incluso partes de la policía, tradicional aliada de la derecha. La externalización se extenderá a todos los campos posibles.

Pero, al igual que en la década de 1980, el objetivo no consiste primordialmente en reducir los préstamos del sector público. Los tories saben que la crisis económica en curso no es solo un problema fiscal o financiero. El sector privado se encuentra absolutamente estancado. Globalmente, hay billones de libras en manos de corporaciones que no ven conductos viables para una inversión rentable. Las empresas norteamericanas cuentan con 1'7 billones de dólares, las de la eurozona, con 2 billones de euros, y las empresas británicas disponen de 750.000 millones de libras inmovilizadas. La acumulación-mediante-desposesión es una forma de poner ese dinero en circulación como capital. Y si bien los conservadores no tienen ideológicamente tanta confianza como en los años 80, la escala de las privatizaciones que proponen sugiere que esperan rebasar cualquier oposición.

En un contexto histórico, la privatización parece responder a una serie de dilemas en el caso de los tories. Al difundir los incentivos de mercado, erosiona la base del sector público para la política laborista. Al abrir el sector público a los beneficios, pone una gran cantidad de capital en circulación. Y al reducir el poder de los trabajadores del sector público, suprime las presiones salariales, haciendo así en teoría la inversión más atractiva. Sobre todo, acaso, al desplazar los principios democráticos de asignación a aquellos que se basan en el mercado, favorece a los que son más fuertes en su control del mercado, y a quienes representan también la base social del conservadurismo.

Nota del t.: [1] Una campaña publicitaria de 1986 animaba a la gente a comprar acciones de British Gas, privatizada hace 25 años. 'Si ves a Sid, díselo' era su lema, atendido por cerca de millón y medio de personas, que compraron acciones a un precio de 135 libras cada una, en una oferta de 9.000 millones de libras, la mayor registrada hasta entonces.

Richard Seymour es autor de The Liberal Defence of Murder (Verso, Londres, 2008) y The Meaning of David Cameron (Verso, Londres, 2010), y regenta una bitácora con el título de Lenin´s Tomb(leninology.blogspot.com).

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

 
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4899

Teleespe = telecaca

Como hacer de una cadena pública, solvente y viable, una MIERDA política 
por doña Esperanza Aguirre & cía

Plataforma SALVEMOS TELEMADRID
http://www.salvemostelemadrid.es/

La señá Merkel, por José Luis Leal

Salvados. Tv Pública "empolitizada"

La batalla desde los medios no cesa. El que paga dice qué se dice y qué está vetado. Así, el discurso construido sigue, tumefacto en origen, tapiando las entendederas de ese ente llamado audiencia que, carente de otros alimentos, engulle gallinejas a pelo.
Jordi Évole pulsa diversas opiniones sobre el uso político, es decir, la oleada de chapapote omnipresente, que los partidos hacen de los medios de comunicación públicos.

2 3 4 5

Pensamiento basura: modo de empleo

Máximo Pradera

Humorista y periodista

Pensamiento basura: modo de empleo

Mi abuelo, Rafael Sánchez Mazas, fue uno de los cofundadores de la Falange. No es para sentirse orgulloso, aunque me apresuro a añadir que al menos salvó al poeta Miguel Hernández de morir fusilado (intercedió ante Franco para lograrlo) e inspiró a Javier Cercas una novela que proporcionó placer a cientos de miles de lectores, al tiempo que le convertía a él en millonario: Soldados de Salamina.

Mi ancestros falangistas (otro abuelo mío, Juan José Pradera, fue vicesecretario general del Movimiento) hacen que una fuerza misteriosa e irresistible me lleve de vez en cuando a curiosear en los escritos de José Antonio Primo de Rivera, un personaje que considero aborrecible en muchos aspectos. Y sin embargo, no me puedo sustraer a la llamada de su pensamiento, casi como en un acto de sonanbulismo ideológico. Si me hallo, por ejemplo, viendo la televisión o escuchando la radio, de pronto, sin saber por qué, me soprendo a mí mismo desplazándome hasta el ordenador, a leer en internet frases y reflexiones del fundador de la Falange. Frases con las que (¿es necesario insistir en ello?) no sólo suelo estar en desacuerdo, sino que me producen auténtica vergüenza ajena: ¿qué demonios quiere decir, por ejemplo, que "España es una unidad de destino en lo universal"? Sin embargo, el otro día, durante uno de estos ataques de filofalangismo espontáneo, encontré un pensamiento joseantoniano que me pareció brillante en el fondo, y eficazmente expuesto en la forma, que suscribo al cien por cien.

Para adueñarse de la voluntad de las masas hay que poner en circulación ideas muy toscas y asequibles; porque las ideas difíciles no llegan a la muchedumbre; y como entonces va a ocurrir que los hombres mejor dotados no van a tener ganas de irse por las calles estrechando la mano del honrado elector y diciéndole majaderías, acabarán por triunfar aquellos a quienes las majaderías les salen como cosa natural y peculiar. (Conferencia pronunciada en el Círculo Mercantil de Madrid, el 9 de abril de 1935)

No sé en quien estaba pensando exactamente José Antonio cuando pronunció estas palabras, probablemente en todos y cada uno de los políticos de la época, pues es bien sabido que despreciaba en igual medida a radicales y cedistas, a socialistas y anarquistas. Primo de Rivera Jr. opinaba que la oratoria muchas veces hueca y oportunista del Parlamento había que sustituirla por "la dialéctica de los puños y las pistolas". José Antonio era un golpista nato (de casta le venía al galgo) que no pudo ver consumado el sueño de una España sin partidos, porque lo fusilaron nada más comenzar la guerra. Pero antes de irse al otro mundo, dejó perfectamente definidas dos cosas: a) el mundo de la política, habitado al noventa por ciento por seres tan mediocres y cortoplacistas como necesarios e insustituibles (alguien se tiene que ocupar de la cosa pública) y b) el "pensamiento basura", que se parece al bono basura de la economía financiera en que ambos son productos de gran riesgo, pero capaces de proporcionar dividendos muchos más suculentos que otras alternativas más sólidas y confiables.

El primero que se dio cuenta de la importancia de poner en circulación pensamientos basura, para manipular a las masas y poder sastifacer de ese modo intereses espúreos y partidistas, fue el Premio Nobel de Economía y gurú indiscutible de la "internacional derechista", Milton Friedman. A diferencia de lo que le ocurría a José Antonio, que sentía una natural aversión a las ideas simplificadoras y mentirosas y prefería decantarse por la violencia para imponer a los demás su concepción del mundo, Friedman dejó escrito lo siguiente:

"Cuando las crisis tienen lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que esa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelve políticamente inevitable".

Milton Friedman es pues el inventor de los "think tanks", que no son otra cosa que laboratorios de ideas pestilentes, pero con gran potencial para ser asimiladas, en tiempos de crisis, por la masa ignorante de la que hablaba José Antonio.

Yo, que soy alérgico al polen y sufro en primavera los estragos de sus traicioneras partículas, imagino esas ideas basura, a las que alude Friedman, como esporas de pensamiento dañino que, en tiempos de bonanza, flotan en el ambiente en estado de latencia, para liberar su contenido tóxico sólo cuando llegan las vacas flacas y el miedo se apodera del cuerpo y el alma de los votantes con poco criterio.

La derecha española ha utilizado siempre en España, de manera muy habilidosa, las técnicas de manipulación de Friedman, y a través de boticas hediondas, subvencionadas por el contribuyente, como la Fundación FAES, se ha dedicado, durante años, a fabricar y esparcir luego por el éter, decenas de conceptos aparentemente irreprochables desde el punto de vista analítico y enormememente atractivos, por su brevedad y contundencia, para el votante atolondrado y/o aterrorizado, que necesita asimilar con rapidez algún tipo de ansiolítico mental que rebaje su nivel de pánico. Como dice Friedman en su brillante postulado, cuando llega la crisis, la masa en estado de shock toma decisiones (sin darse cuenta apenas, porque las esporas de pensamiento basura han penetrado de manera espontánea y subrepticia en sus cerebros) en base a las ideas que alguien, en este caso el PP, ha hecho flotar previamente en el ambiente. No me canso de aconsejar a los dirigentes de la izquierda española, cada vez que se me ponen a tiro, que su deber como políticos no es sólo el de proponer a los electores alternativas razonables de gobierno, sino también el de localizar y desmontar, cual artificieros Tedax, las bombas trampa de pensamiento basura puestas en circulación por sus contrincantes, antes de que les puedan estallar en la cara cuando se acerca el periodo electoral y llega el tiempo de adoptar decisiones.

La prueba de que las esporas de pensamiento basura puestas en circulación por FAES en los últimos años han cumplido perfectamente con su cometido, causando destrozos irreparables en la mentes de los votantes incautos, y en las huestes de la ahora ridículamente autodenominada "oposición responsable"; la prueba de su eficacia, digo, es que el PP ha logrado obtener mayoría absoluta en las últimas elecciones generales presentando como candidato al líder más titubeante y gris de la democracia, que defendía un programa mentiroso e irrealizable y se presentó a los comicios arropado por un equipo de gobierno que no valdría ni para regir los destinos de la comunidad de vecinos de Aquí no hay quien viva.

Nada de eso importaba demasiado porque el trabajo de persuasión lo había hecho por sí mismo el propio votante indeciso, al incorporar a su ideario y dar por buenos los deleznables conceptos que el PP había estado esparciendo durante meses.

Algunos ejemplos de pensamiento basura puestos en circulación por la derecha en los últimos años son los siguientes:

• La crisis es un problema de crédito y como los banqueros son de derechas, si gobierna la derecha confiarán otra vez en la economía y volverá a circular el dinero.
• El PP ya consiguió sacar de la crisis a España en 1996 y es el único capaz de repetir la hazaña en 2011.
• Las desigualdades sociales son un factor dinamizador de la sociedad. Si todos tuviéramos de todo, nadie haría el mínimo esfuerzo por mejorar y la economía no se movería.
• El problema de España con Al Qaeda empezó con la invasión de los moros y la reconquista.

Como vemos, se trata de ese tipo de ideas toscas y asequibles que llegó a denunciar José Antonio en sus escritos. Si uno tiene tiempo y paciencia para animarse a cuestionarlas, se caen por su propio peso.

La primera de ellas, por ejemplo, era inmediatamente desmontable si uno reparaba en el hecho de que en países gobernados por la derecha, como Italia o la misma Grecia, la falta de crédito ahoga a pymes y particulares tanto como en España.

Para rechazar la segunda idea (dejo al lector la labor de desmontaje de las otras dos) bastaba hacer el esfuerzo de informarse de qué era lo que había disparado, a un ritmo inalcanzable para otros países de la UE, la tasa de crecimiento económico en tiempos de Aznar: el PP estaba utilizando el ladrillo como anabolizante de la economía, de manera que los espectaculares músculos de nuestro producto interior bruto -que recordaban el cuerpo vigoréxico y alienígena del Aznar del último mandato- eran fruto de la administración de esteroides asesinos y no de una planificación económica inteligente y basada en la cultura del esfuerzo. El PP nos había puesto "cachas" a base de inyectarnos productos altamente perjudiciales para la salud, (que luego, y con la misma irresponsabilidad, siguió empleando el PSOE) y que ahora nos han condenado a una parálisis cerebral de pronóstico reservado. Porque si no es un ictus mental generalizado lo que padece España ¿cómo explicar que más de once millones de ciudadanos hayan vuelto a depositar su confianza en el mismo cártel de irresponsables y estafadores que ha estado esquilmando nuestro país durante años, para enriquecimiento propio y de su camarilla de amigos y familiares?

 tomado de : http://www.huffingtonpost.es/maximo-pradera/pensamiento-basura-modo-d_1_b_1985494.html?utm_hp_ref=spain

Seguir a Máximo Pradera en Twitter: www.twitter.com/maxpradera